El Fondo Especial del Tabaco fue creado por la Ley 19.800 en 1972 con un objetivo declarado: financiar la reconversión del sector hacia las variedades claras —Virginia y Burley— sin que el productor quebrara en el camino. Cincuenta años después, la herramienta sobrevive intacta en su forma, pero invertida en su función.

El esquema operativo es claro: un 7% de las ventas declaradas por la industria se recauda como FET, se gira a las provincias y se distribuye. Un 35% va directo al productor como "precio FET". El otro 65% va a las Unidades Ejecutoras —cámaras y cooperativas— que en teoría financian obras, insumos y desarrollo productivo. En la práctica, ese 65% es administrado por dirigencias que son simultáneamente autoridades cooperativas y funcionarios provinciales, transfiriéndose recursos a sí mismas con la prolijidad burocrática de un POA aprobado en cadena.

La consecuencia económica es ineludible. Cuando se compara el precio de acopio argentino con el brasileño, Argentina paga la mitad. Cuando se le suma el FET, los precios se equiparan. El FET no es un complemento al productor: es el subsidio implícito que permite al acopio pagar por debajo del precio internacional. Brasil no tiene FET y su productor cobra el doble. Acá, una recaudación parafiscal de USD 175-200 millones anuales termina financiando el margen de las multinacionales que dicen no recibir un peso del Estado.

En 1995, en pleno auge del neoliberalismo, los países miembros de la OMC firmaron el Acuerdo sobre la Agricultura. Entre otras cosas, estableció un tope de USD 75 millones anuales para subsidios directos a unidades productivas. Como el FET recauda entre 175 y 200 millones, el excedente debe canalizarse por otros mecanismos. Argentina creó el PRAT y lo hizo pasar por las Unidades Ejecutoras. Resultado:

La asimetría no es accidente, es estructura. Del lado de la oferta hay 16.000 productores; del lado de la demanda, 10 acopiadores que manejan el 90% del volumen. En ese desequilibrio, la negociación individual es imposible y las cooperativas existirían precisamente para corregirlo. Pero ¿cómo controlar a las cooperativas y Cámaras si ellas reciben directamente el 60% de la recaudación del FET?

La respuesta es la que el sector conoce: no se las controla. Se forma una alianza entre las corporaciones internacionales y las cooperativas provinciales, que en conjunto controlan cerca del 90% del mercado y determinan precios, variedades y volúmenes. Las multinacionales no reciben directamente fondos del Estado, pero obtienen el beneficio de pagar un precio de acopio muy por debajo del que pagan en otros países. El FET termina actuando como el mecanismo estabilizador que traslada costos de producción no pagados por los acopiadores hacia el Estado. Una situación inaudita en una economía de mercado.